Después de que Bruselas presentara el miércoles su paquete de medidas para abordar el problema de los préstamos improductivos, NPL’s, el Banco Central Europeo ha publicado sus expectativas supervisoras en relación con las nuevas provisiones prudenciales que las entidades deberán dotar para los nuevos activos tóxicos que vayan generando en su balance
El Consejo de Supervisión dará un periodo de gracia de tres años a las entidades para que éstas se adecúen a los niveles de cobertura marcados por Europa. La Comisión Europea obligará a los bancos que supervisa a constituir unas provisiones adicionales para sus nuevos NPL que se sumarán a las que ya estaban obligadas a dotar hasta ahora; pero Fráncfort no comenzará a reflejar el impacto de esta nueva medida prudencial en las exigencias de capital de las entidades hasta 2021.
Uno de los objetivos de este periodo de gracia es evitar «incrementos abruptos de provisiones» en las entidades. Los responsables de supervisión aspiran a que gracias al diálogo continuado con la banca se puedan dotar de forma gradual y sin fuertes impactos.
Los bancos deberán dar a conocer al BCE si se han desviado respecto a los objetivos de provisiones marcados por Bruselas en el ámbito del SREP, el proceso de revisión y evaluación mediante el que el supervisor calcula los requerimientos de capital regulatorio mínimos exigidos a cada entidad individual.
Tal y como dejó claro ayer el supervisor bancario único, a partir del 1 de abril de 2018 se pone el contador a cero para empezar a aplicar el nuevo marco normativo destinado a minimizar la existencia de activos problemáticos en los bancos europeos. A partir de entonces el calendario comenzará a correr y las entidades deberán ir informando, en el proceso de diálogo continuado con el BCE, de los niveles de provisiones dispuestas según la antigüedad y la tipología de cada activo que pase a entrar en la categoría de improductivo.
Dos categorías de préstamos problemáticos
Los nuevos préstamos que vayan considerándose problemáticos, los que sufran impagos de al menos 90 días, se dividen en dos grandes categorías que determinarán los calendarios y las cantidades exigidas para esta nuevas provisiones prudenciales fijadas por las autoridades comunitarias.
Para los préstamos que no dispongan de garantía, o para aquellas partes de un préstamo que no estén garantizadas, las entidades deberán hacer una dotación del 100% una vez que la operación acumule una antigüedad de dos años. Teóricamente, según esperan desde Bruselas, una provisión tan costosa como ésta supone todo un incentivo para que las entidades o bien eviten que se genere este activo improductivo o bien lo desagüen cuanto antes una vez que ha entrado en problemas y contablemente ha pasado a considerarse dudoso.
En el caso de los préstamos dañados que sí dispongan de un colateral garantizado, las autoridades y los supervisores permitirán a las entidades manejar un calendario de provisiones escalonado y con un menor impacto en capital: a partir del tercer año de antigüedad de la operación morosa se debe constituir una dotación de un 40%; al cuarto año se elevaría hasta un 55%; al quinto, un 70%; al sexto, un 85%, y no se alcanzaría una provisión del 100% hasta el séptimo año.
Estos umbrales fijados por el BCE «tienen por objeto asegurar que las entidades no acumulen activos tóxicos antiguos con cobertura insuficiente. A este respecto, el BCE considera que una dotación de provisiones prudente implica que las entidades continúen dotando provisiones contables de acuerdo con su criterio y los principios contables vigentes. Solo si el tratamiento contable aplicado no se considera prudente desde una perspectiva supervisora podrán los supervisores adoptar medidas adecuadas para cada caso», advierten desde Fráncfort.
Fuente: Real Estate